¿Qué es whistleblowing?
El término whistleblowing significa alzar la voz cuando se es testigo de irregularidades graves que pueden dañar el interés público o violar estándares legales o éticos. Se refiere al acto de denunciar conductas indebidas o violaciones de la ley que ocurren en un contexto profesional, ya sea en el sector público o privado.
La persona que realiza la denuncia se denomina informante. No necesariamente tiene que ser empleado de la organización: practicantes, antiguos trabajadores, contratistas, consultores, solicitantes de empleo, voluntarios, accionistas, miembros de juntas directivas y proveedores también pueden ser informantes, siempre que denuncien un acto irregular del que sean testigos a través de su relación laboral.
Las denuncias realizadas deben tratar asuntos que afectan al público. Esto incluye corrupción en contratos públicos, fraude en servicios financieros, amenazas a la salud o al medio ambiente, productos inseguros o el uso indebido de datos personales. Las leyes de la Unión Europea (UE) definen las principales áreas, como la contratación pública, el blanqueo de capitales, los derechos del consumidor, la ciberseguridad y otros más. Algunos países van incluso más allá, permitiendo denuncias sobre violaciones de normas internas, códigos éticos o cualquier conducta que perjudique gravemente a las personas o a la confianza pública.
En la Unión Europea, los informantes están protegidos por la Directiva 2019/1937, que establece estándares mínimos para garantizar una denuncia segura y define los derechos de quienes alertan. Existen tres principales maneras de denunciar: internamente, a través de los canales oficiales de la organización; externamente, contactando a la autoridad nacional responsable del whistleblowing; o, en casos muy específicos, mediante una divulgación pública, por ejemplo, informando a los medios de comunicación o publicando la información en línea. Esta última opción solo está permitida bajo condiciones específicas: cuando otros canales fallan o hay una amenaza urgente para el interés público. La Directiva exige que todos los organismos públicos y las empresas privadas con más de 50 empleados (o que operen en ciertos sectores) establezcan canales internos seguros y accesibles.
Los informantes a menudo enfrentan riesgos como aislamiento profesional, acoso o daños a su reputación. Por esta razón, quienes denuncian tienen derecho a una fuerte protección legal. Esto incluye confidencialidad, protección contra represalias, acceso a medios legales, posibles compensaciones y acceso a servicios de apoyo como asistencia legal o psicológica. Sin embargo, en muchos lugares, las actitudes culturales pueden desalentar el whistleblowing, considerándolo una traición en lugar de una responsabilidad cívica. Por eso es tan importante aumentar la concienciación, construir sistemas seguros y crear una cultura de comunicación abierta.
Cuando se respeta y protege a las personas informantes, se desempeña un papel vital en el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública. Ayudan a descubrir prácticas ilegales que, de otro modo, permanecerían ocultas. Sus denuncias ayudan a prevenir más daños, ahorran dinero público, protegen los derechos de las personas y contribuyen a construir comunidades más justas y responsables. Cuando las personas se sienten seguras para hablar, toda la sociedad se beneficia.
